La Procuradora General de la Nación, la barranquillera Margarita Cabello Blanco, le salió al paso a la propuesta del Presidente Gustavo Petro de congelar en el 2024 el incremento salarial en quienes devenguen sueldos altos en el sector público.

El anuncio de Petro derivó del reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la prohibición de deducir las regalías de la base gravable en el impuesto de renta en empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, que fue incorporado a la reciente reforma tributaria (Ley 2277 de 2022).

“El funcionamiento en el Gobierno nacional es básicamente Ejército y Policía, entonces tocamos una vértebra que es la seguridad o altos salarios que no da para recuperar los $6.5 billones, no sé cómo pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público. Esto en las tres ramas del poder público, las entidades descentralizadas, etcétera”, dijo Petro sobre el tema durante su intervención en la instalación del XX Congreso Nacional de la Infraestructura (CCI), que se lleva a cabo en Cartagena.

Ante esto la representante del Ministerio Público Margarita Cabello enfrentó al Presidente y le dijo que los sueldos no podrían congelarse, teniendo en cuenta que hay unos incrementos normales en lo relacionado con el costo de vida.

“Hay normas y hay leyes que determina el funcionamiento de todo el sector público, y una de esas reglas generales, es que por lo menos el IPC tiene que ser respetado porque son los movimientos propios del costo de la vida; entonces hay reglas especiales que determinan y que le dan funciones específicas al Presidente de la República para determinar los aumentos en los salarios y él sabe que se tiene que ceñir a la regla”, subrayó la Procuradora.

Aunque en el Congreso varios sectores políticos se han mostrado a favor de disminuir o congelar el salario de los altos funcionarios del Estado, algunos consideran que el anuncio hecho por el Jefe de Estado de no incrementar el sueldo de estas personas el próximo año debido al fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma tributaria, podría ser ilegal.

Lo único cierto es que el salario de estos funcionarios está consagrado en la Constitución Nacional, por tanto el Gobierno está en la obligación de garantizar estos ingresos.

Sin embargo, en medio de la polémica el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, manifestó que no habrá un congelamiento, que sería una reducción o un incremento menor que se da por el déficit de $6,5 billones que deja la decisión de la Corte Constitucional y que golpea las finanzas del Gobierno.